“Hay una amenaza cierta y evidente, sentimos que, por
nuestros fallos, pretenden amedrentarnos y sancionarnos eventualmente”,
refirió.
Anoche la Comisión Permanente del Congreso aprobó investigar
a cuatro magistrados del TC por el presunto delito de prevaricato, al emitir la sentencia que devolvió la
condición de lesa humanidad a los hechos ocurridos en el penal de El Frontón,
en 1986.
Sobre el particular, Ramos indicó que incluso los
magistrados que no han suscrito ese fallo, consideran que mientras haya temas
pendientes en el Tribunal Constitucional relacionados con ese caso, no pueden
ser investigados.
Indicó que el acuerdo de la Comisión Permanente, que le dio
un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para
realizar una investigación y emitir un informe, muestra que actúan como juez y
parte.
“Eso vicia un proceso que está reconocido en la Constitución
pero que, dadas las irregularidades, colocarían al país en una situación
complicada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó.
El magistrado refirió que la sentencia emitida en el caso El
Frontón, no han cometido prevaricato ni han roto el principio de cosa juzgada,
dado que el TC corrigió el error material de un magistrado que votó junto con
la mayoría, pero en la justificación de su voto tenía un argumento contrario.
“Hemos corregido un error material contradictorio dentro de
las atribuciones que nos da el Código Procesal Constitucional y la Ley Orgánica
del TC, de tal manera que sería bastante grave que a los miembros del TC se les
quiera sancionar por emitir una sentencia”, refirió en Canal N.
En ese sentido, el magistrado Carlos Ramos defendió la
denuncia de cuatro magistrados del TC ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y su participación en una audiencia.
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, calificó como
inaudita, inadecuada y sorprendente la demanda de los magistrados ante la CIDH.
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