Según la iniciativa legislativa, dicho registro tendrá
carácter público y será implementado y administrado por el Poder Judicial.
Dicho poder del Estado tendrá la responsabilidad de
registrar, controlar, actualizar y difundir la información a los solicitantes
en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La información contenida en el registro estará disponible y
abierta al público desde el momento en que la sentencia contra el agresor quede
firme, hasta cinco años después de vencida esta.
El proyecto también propone establecer la obligación de que
todas las comisarías del país cuenten con personal policial femenino
especializado y capacitado en atender denuncias de agresiones contra la mujer.
Cuando ello no sea posible por escasez de cuadros, las
comisarías deberán contar con personal civil especializado en esta tarea.
La iniciativa recuerda que la jefa del Gabinete, Mercedes
Aráoz, anunció en el Congreso la creación de un registro público de agresores
de familia, en el cual deberán estar incluidos todos los denunciados y
condenados por autores de violencia contra la mujer.
No obstante, indica que dicha iniciativa no podrá plasmarse
debido a que no puede hacerse público un registro de agresores en el cual
figuren personas denunciadas sin sentencia, pues ello afectaría su derecho a la
presunción a la inocencia.
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