- Separar a la asistente emerretista no basta. La congresista del Frente Amplio y toda su bancada nos deben una explicación.
(ElComercio) Presionada por el escándalo que levantó el domingo por la noche un informe del programa “Panorama”, la congresista del Frente Amplio (FA) María Elena Foronda separó de su despacho a la condenada por terrorismo Nancy Madrid Bonilla, que se venía desempeñando como asistente suya desde julio del 2016. Según ha declarado la legisladora, su ex colaboradora le dijo que “ante todas esas patrañas […] ya no podía seguir trabajando”.
Las ‘patrañas’ serían que Madrid
Bonilla estuvo ‘asociada’ con el MRTA y durante
el juicio en el que se la condenó a 18 años de cárcel admitió haber alquilado
una vivienda para que en ella funcionara una de las llamadas ‘cárceles del
pueblo’, donde ese movimiento terrorista tenía cautivas a las personas que
secuestraba. Casada con Edgar Enrique Chahua Damián, quien también purgó
prisión por ese delito, ella fue capturada y presentada en su momento junto a
Peter Cárdenas, uno de los principales cabecillas de la organización criminal,
y estuvo en aquella ocasión casi tan vociferante como él. Tras cumplir su
sentencia, debió pagar una reparación civil, cuyos intereses, según “Panorama”,
todavía adeuda.
Pero más
allá de eso, lo que ha causado indignación es el hecho de que una persona que
conspiró contra la democracia haya sido contratada para trabajar para el Estado
que alguna vez quiso traerse abajo. Y la sola circunstancia de que la señora Foronda haya
decidido o aceptado removerla de la función que cumplía indica que ella misma
comprendía lo insostenible de la situación.
La
parlamentaria Foronda, además, no ha respondido hasta ahora
cabalmente lo que el periodismo le ha preguntado sobre este espinoso asunto. A
la reportera de “Panorama” simplemente le dijo: “No voy a contestarle, porque
no creo que es la manera correcta […]. Cuando quiera entrevistarse conmigo, yo
encantadísima. Hoy no puedo, después del Día de la Madre estoy viajando a
provincia” (una contestación que, dicho sea de paso, recuerda la de su colega
Yesenia Ponce cuando se le pidieron aclaraciones sobre sus dudosos registros
académicos y no tuvo mejor idea que balbucir: “Estamos
en el Día de la Mujer y merecemos respeto”). Y ayer, ya con la tormenta
política desatada en torno a ella, trató inicialmente de desviar la atención
del punto central con teorías de conspiración (“Qué
casualidad que [esto ocurra] cuando el FA logró la derogatoria de varias leyes
que son injustas frente a los derechos humanos”), o con una defensa efectista
de los terroristas que salen de la cárcel (“¿Qué hacemos? ¿Los ponemos a todos
fuera, en algún hueco?”).
No,
señora, en ningún hueco, pero tampoco en la administración pública a recibir un
sueldo que se paga con los impuestos de todos los peruanos.
“El objetivo soy yo, el objetivo es el FA”, ha clamado también la congresista. Y nuevamente se equivoca. El
objetivo son los contemplativos del terrorismo… y resulta que en la bancada del
FA hay tres: Justiniano Apaza, que un año atrás sostuvo que ciertos miembros del MRTA podían
ser considerados “presos políticos”; Rogelio Tucto, que hace apenas un mes propuso indultar a Abimael Guzmán; y la
propia señora Foronda, que en el 2008 firmó un comunicado del
llamado ‘comité pro libertad Víctor Polay’, en el que se consideraba la
sentencia del cabecilla máximo del MRTA (al que se denominaba ‘guerrillero’) “arbitraria e injusta” y su reclusión en la base naval del Callao, “una
venganza política”.
Y si bien
en el FA se ha hablado de considerar sanciones en casos como el del
parlamentario Tucto, hasta donde se sabe estas nunca se han materializado. Con
lo que, mal que les pese, el problema sigue afectando a todo el conglomerado
hasta que no ofrezcan una improbable explicación satisfactoria.
La
señora Foronda, por su parte, por toda autocrítica, deslizó ayer en
un primer momento: “¿Que fue un error el
quizás cometer esta acción [sic]? Tenemos que evaluarlo”. Una
evaluación que llegó en un comunicado difundido anoche, en el que sostuvo: “Desde la perspectiva política, consideramos que la
contratación de la mencionada asistente ha significado un lamentable desacierto
al confiar solo en la evaluación formal por parte del Congreso de la
República”. Y aunque es positivo que reconozca el ‘desacierto’, el comunicado hace
poco por borrar la actitud desafiante que inicialmente tuvo la congresista.
Ahora, en
fin, toca una evaluación de la ciudadanía. Y más temprano que tarde, la forma
de comunicarla y de forzar a esta congresista a responder por sus actos será a
través de las urnas.
Publicar un comentario