Las acusaciones que pesan sobre el congresista de Fuerza Popular
ameritan que se lo investigue exhaustivamente.
El domingo pasado, el programa
“Cuarto poder” reveló el testimonio de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, quien
acusa al congresista Héctor Becerril de
haber recibido sobornos para que este intercediera a favor de la empresa
Constructora CRD –en la que ella se desempeñaba como consultora comercial– en
Chiclayo. De acuerdo con Gonzales, quien está involucrada en las investigaciones
del Caso Los Temerarios del Crimen, ella compró materiales valorizados en más
de 74 mil soles para remodelar la casa del legislador de Fuerza
Popular, con el fin –según su versión– de que la referida compañía se
mantuviera a cargo de la planta de tratamiento de residuos sólidos en la ciudad
norteña.
Este
testimonio llega en el marco de las investigaciones que conduce el fiscal Juan
Carrasco y que involucran, entre otras personas, al parlamentario Becerril,
a sus hermanos y al ex alcalde de Chiclayo David Cornejo, quien está purgando
36 meses de prisión preventiva. Este último, además, en su declaración a la
fiscalía, afirmó que el señor Becerril participó en el
señalado esquema de coimas con su hermano Wilfredo Segundo como facilitador,
versión que coincide con las declaraciones de Mirtha Gonzales.
Cabe
recordar, además, el reportaje difundido por “Panorama” en abril del 2018, en
el cual el alcalde de Aucallama (Huaral) aseguró que el señor Becerril habría
intentado fungir como mediador para que el municipio le pagara una deuda de
S/300 mil a Red Medical Dental & Business, empresa en la que trabaja el
hermano del congresista, Wilfredo Becerril. Situación que delata que existe un
patrón en los cuestionamientos al legislador.
Está
claro que la acumulación de controversias no supone por sí misma la
culpabilidad del cuestionado, pero sí entraña un peso que debilita las
estructuras de la institución que lo alberga. Esto último harían bien en
advertirlo los congresistas que, como han mostrado en ocasiones anteriores, les
atribuyen mayor importancia a las alianzas políticas que a ejercer sus
responsabilidades.
En ese
sentido, vienen a la mente casos como el del congresista Edwin Donayre, quien,
incluso cuando pesa sobre él una sentencia a cinco años y seis meses de prisión
por el Caso ‘Gasolinazo’, aún es protegido gracias a la renuencia de sus pares
de Fuerza Popular a levantarle la inmunidad
parlamentaria, a pesar de ser una orden del Poder Judicial.
En esa
línea, el interés de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, por
conducir “una investigación profunda” sobre el caso del señor Becerril resulta
positivo. Sin embargo, más importante será la voluntad de los congresistas para
permitir que el proceso de indagación se lleve a cabo sin obstáculos propiciados
por los correligionarios del investigado, incluyendo aquellos congresistas que
pretendan sacarle provecho a la prerrogativa de la inmunidad
parlamentaria.
Con el
caso del señor Héctor Becerril, el Congreso de la
República tendrá una nueva oportunidad para mostrarle a la ciudadanía
una cara diferente a la que ha venido mostrando en los últimos años. Una que
privilegie los principios democráticos por encima de las consideraciones
políticas. No obstante, si nos basamos en el comportamiento que han exhibido en
ocasiones anteriores, las posibilidades de que esto ocurra son, más bien,
remotas.
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