“El endiosamiento del presidente Martín Vizcarra parece
estar llegando a su fin”.
El
gran líder republicano sin nadie que se le compare en la historia reciente,
honesto y veraz, que está transformando el Perú rumbo al bicentenario, está
recobrando su verdadera dimensión: un político audaz y con pocos escrúpulos,
muy desconfiado y sinuoso, poco apegado a la verdad y quizás enredado en
asuntos no muy claros.
El
hecho de que no hubiera renunciado a los cargos que tenía en su empresa siendo
vicepresidente de la República y ministro de Transportes –su compañía
constructora está precisamente en el ámbito de ese ministerio– constituye una
flagrante violación de la ley, por la que tendrá que responder cuando termine
su mandato como presidente. Pero su respuesta cuando le preguntaron por qué no
se había apartado como debió hacerlo es asombrosa: el cargo de ministro es
transitorio y el vicepresidente no tiene funciones precisas.
Como
vicepresidente tenía una oficina en Palacio de Gobierno y ocupaba la presidencia,
es decir, desempeñaba un cargo ejecutivo, el más importante del país, cuando el
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) viajaba. Y como ministro tomaba
diariamente decisiones que, por ejemplo, afectaban a empresas privadas que
podrían estar interesadas en hacer negocios con C y M Vizcarra para
congraciarse con el titular del sector.
Aunque
la coalición vizcarrista ha tratado de minimizar la trascendencia de tamaño
desatino y barrerlo bajo la alfombra, varios de sus integrantes se van
percatando de la catadura de su líder. Por supuesto, no lo dicen en voz alta,
pero es más o menos evidente que el entusiasmo desbordante que profesaban por
el nuevo salvador de la patria ha menguado.
Sin
embargo, no lo van a abandonar y fingirán no haberse dado cuenta. Hay muchos
intereses en juego.
Otro
ídolo que ha empezado a descascararse es el lenguaraz fiscal José Domingo Pérez.
Las dudas sobre el acuerdo que él negoció con Odebrecht se
han extendido. Su rabieta cuando se conoció el texto del convenio, a pesar de
que probablemente él mismo se lo había filtrado en diciembre a su ONG favorita,
que recibió decenas de primicias que apuntaban en una sola dirección, es una
muestra más de su poca coherencia.
En
suma, en las últimas semanas se ha producido un cambio que no es muy visible
por el momento, pero que tendrá consecuencias a mediano plazo. Los fanáticos
admiradores bajan el tono de sus lisonjas y empiezan a mirar otras opciones
para el futuro.
Otrosí
digo. La bárbara decisión de jueces y fiscales de enviar a
prisión preventiva por 7 meses al suboficial de la Policía Nacional Elvis
Miranda ha sido ampliamente criticada. Como es normal cuando un policía hace
uso de su arma y ese acto tiene consecuencias fatales, hay que realizar una
investigación. Pero tratar a un policía, que acudió al llamado de un ciudadano
que había sido asaltado y enfrentó y persiguió a los facinerosos, como si él
fuera el delincuente, no solo es un error sino es una injusticia que tiene
nefastas consecuencias.
La
más obvia, desalienta y desmoraliza a la policía en momentos en que la
inseguridad sigue siendo un problema muy grave. Si ya hay una patente falta de
entusiasmo en algunos sectores policiales para cumplir con sus deberes, este
hecho les proporciona una justificación para la inacción y lo extiende a otros
niveles de la fuerza.
En
este caso no se trata de un asesinato a sangre fría de un prisionero rendido,
como lamentablemente ha ocurrido en algunas ocasiones. Es una persecución, en
que el presunto delincuente no se ha detenido, a pesar de las advertencias.
¿Acaso debió dejarlo escapar para que vuelva a cometer otro delito con
impunidad y consecuencias imprevisibles? Dicen que estaba desarmado, pero el
policía no podía saberlo y en estos casos es justificado presumir lo peor y
actuar en consecuencia. El policía y el delincuente no son iguales, no tienen
los mismos derechos.
Ha
hecho bien el congresista Jorge del Castillo en presentar un proyecto de ley
para evitar que los magistrados cometan estos disparates. Y sería mejor todavía
que se incluya en ese proyecto una protección parecida a los civiles que
enfrentan a los delincuentes (Doctrina del Castillo, que es de origen
anglosajón y no tiene que ver con el parlamentario), que sufren iguales o
peores consecuencias por defender su vida, su patrimonio y su integridad cuando
resisten a un malhechor.
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