La iniciativa legislativa de la congresista Luciana León
sobre la prisión preventiva hace generalizaciones en base a casos puntuales.
En el marco de las indagaciones por el Caso Lava
Jato, la figura de la prisión preventiva –entendida como
la herramienta que pretende facilitar el desarrollo de las pesquisas fiscales
manteniendo a los investigados encarcelados por un tiempo determinado– ha
recibido especial atención por parte de la ciudadanía. Ello, debido a que la
medida ha sido notoriamente dictada contra tres ex jefes de Estado (Alejandro
Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski),
una ex candidata a la presidencia (Keiko Fujimori) y una ex primera dama
(Nadine Heredia); ocasionando que la pertinencia y los alcances de este
recurso sean debatidos ampliamente por la opinión pública.
Recientemente, sin embargo, tras la prisión
preventiva dictada contra el ex presidente Kuczynski, han
surgido dudas sobre el sustento detrás de medidas de esta naturaleza en casos
vinculados a políticos. Específicamente, sobre cómo un recurso que debería ser
usado de manera excepcional pareciera estarse convirtiendo en un componente
fundamental en el accionar del equipo especial y de los jueces que ordenan su
aplicación.
En medio de toda esta tesitura, la congresista Luciana
León, de la célula parlamentaria aprista, ha presentado un proyecto de ley
con el objetivo de “precisar la prisión preventiva como medida de aplicación
excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada”, para que así, como
explicó en una entrevista a este Diario, los jueces “la tengan más
clara y lo puedan cumplir”. La iniciativa, además, contempla que los plazos
determinados para la duración del encierro sean reducidos (seis meses para
casos simples, nueve para casos complejos y 18 para los de criminalidad
organizada) y que los jueces que no se ciñan al marco legal a la hora de dictar
la medida puedan ser denunciados por prevaricato.
Más allá de lo inquietante que resulta poder denunciar
arbitrariamente a un juez por el sentido que tome una interpretación que está
obligado a hacer de la ley (y que puede resultar en el aprovechamiento de
quienes busquen ejercer represalias sobre los magistrados), existe otro
elemento preocupante en la propuesta legislativa en cuestión. En todos los casos
en los que una figura trascendente de la política nacionalse ha
visto en el trance de ir a prisión durante el desarrollo de las
investigaciones, el problema no ha residido en los criterios existentes para
determinar la medida. Los cuestionamientos, más bien, han recaído en cómo los
jueces eligieron interpretar los elementos que sustentaron la aplicación de
dicha herramienta. Circunstancia de la que difícilmente se desprende que los
“abusos” de esta medida preventiva sean generalizados.
Esto último, de hecho, queda meridianamente claro si se toma
en cuenta que, con las normas vigentes, el porcentaje de procesados en centros
penitenciarios se ha reducido considerablemente en los últimos años, pasando de
ser 58% en el 2012 a 39% en enero de este año.
Dicho esto, y tomando en cuenta el momento en el que la
señora León decidió anunciar la presentación del mencionado proyecto de ley,
bien podría interpretarse que se está buscando servir un interés puntual de la bancada
aprista y, por añadidura, de todos aquellos que hoy se ven vinculados
de una u otra manera con el Caso Lava Jato. Y es que si la
iniciativa es aprobada, esta podría terminar por mejorarle el panorama, por
ejemplo, a los que hoy están siendo nombrados por Jorge Barata como cómplices
en el esquema de pago de coimas durante el segundo gobierno del partido de la
estrella.
Desde este Diario hemos señalado que el
hecho de que la fiscalía haya colocado a varios de sus investigados en prisión
preventiva, demanda que las acusaciones formales sean planteadas con la mayor
celeridad posible.
No obstante, ello no
significa que, por esta situación puntual, se pueda hablar de un problema
general.
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