“La gran diferencia
entre Vizcarra y Fujimori reside en que este último hizo
cosas que le dieron un sólido respaldo en todos los estratos de la población
durante muchos años”.
(ElComercio) Entusiasmado por
el éxito obtenido por sus ataques al Congreso, medido en puntos de popularidad
(subió 8 en la encuesta de Ipsos y 13 en la de Datum), el presidente Martín
Vizcarra arremetió nuevamente amenazando explícitamente con la
disolución del Parlamento, pretendiendo al mismo tiempo diferenciarse de Alberto
Fujimori.
En verdad, imita mucho a Fujimori, aunque hay
también grandes diferencias con el gobierno de la década de 1990. El argumento
de Vizcarra de que él disolvería el Congreso ateniéndose a la
Constitución es más que discutible. Como han señalado varios expertos, la
cuestión de confianza ya le fue otorgada y no es ni constitucional ni razonable
que el presidente pueda dictarle al Congreso las leyes que este debe aprobar.
Eso es romper uno de los principios esenciales de la democracia: la división de
poderes.
Otros discípulos aprovechados de la experiencia de Fujimori no
necesitaron sacar los tanques a la calle para hacer algo similar. Hugo Chávez
se perpetuó en el poder haciendo referendos, Constituyente, elecciones, etc.,
al igual que Evo Morales en Bolivia. Como he señalado en otras oportunidades,
la escenografía de los tanques y la ocupación de algunos medios de comunicación
de abril de 1992 fue una innecesaria reminiscencia de los golpes militares de
las décadas del 60 y 70 que Vladimiro Montesinos puso en escena (ver columna “El
retorno del fujimorismo”, 5.1.19).
Pero en esencia –como le gustaría decir a Vizcarra–,
si disuelve el Congreso estaría siguiendo el mismo camino, dándoles de su
propia medicina a los fujimoristas con el respaldo enloquecido de los
antifujimoristas, muchos de los que demostrarían, una vez más, que no son
demócratas ni antidictatoriales, sino que se oponen a algunos autoritarismos y
respaldan a otros, dependiendo de su color o barniz ideológico y político.
Sin embargo, la gran diferencia entre Vizcarra y Fujimori reside
en que este último hizo cosas que le dieron un sólido respaldo en todos los
estratos de la población durante muchos años, y que permitió luego a sus
herederos biológicos y políticos disfrutar de una popularidad que han
dilapidado, como suelen hacer algunos hijos de grandes empresarios con la
fortuna de sus padres.
Fujimori asumió la política del shock y el
liberalismo económico de su rival Mario Vargas Llosa y detuvo la brutal
hiperinflación, obtuvo miles de millones de dólares de préstamos de los
organismos multilaterales, reconstruyó la infraestructura, privatizó las
elefantiásicas empresas estatales y mejoró sustancialmente la economía,
sentando las bases del crecimiento de la década del 2000.
Y tuvo la suerte de que la Dirección contra el Terrorismo
(Dircote) de la Policía Nacional capturara a Abimael Guzmán el 12 de setiembre
de 1992, después del golpe y antes de las elecciones del nuevo Congreso
Constituyente. Esa captura pudo haber ocurrido en junio de 1990 –durante el
gobierno de Alan García– o en diciembre de 1991, con Fujimori en
democracia, cuando Guzmán escapó por un pelo de la Dircote.
En síntesis, durante el gobierno de Fujimori se
resolvieron realmente los dos grandes problemas heredados de la década de 1980:
la hiperinflación y el terrorismo. Una base muy sólida para sustentar su
popularidad, porque el autoritarismo no le molesta a la mayoría.
Vizcarra, como es obvio, no ha resuelto ninguno de
los problemas que aquejan al Perú hoy: la inseguridad y el enlentecido
crecimiento económico. Ni ha mejorado la gestión del Estado, ni ha disminuido
la corrupción en su ámbito, ni ha contribuido a mejorar las instituciones, ni
la educación, ni la salud, ni la reconstrucción del norte. En verdad, es
impresionante: nada de nada.
Su popularidad es, por tanto, precaria, como reconocen los
propios analistas de encuestas.
El asunto es que, a la ambición de poder de Vizcarra –todo
político la tiene y no debe ser objeto de censura por ello– se suman cada vez
más indicios de corrupción durante su gestión en Moquegua (ver “Adelantos
millonarios sin expediente técnico en hospital de Moquegua”, Plinio
Esquinarila, “Expreso”, 18.6.19). El justificado temor de acabar como sus
antecesores –preso, prófugo, muerto o procesado– es un incentivo muy fuerte
para tratar de controlar el sistema judicial y perpetuarse en el poder. Sus
motivos serían, pues, los del oidor: miedo, miedo y miedo.
Podría lograrlo en el corto plazo, pero es muy improbable
que pueda sostenerse mucho tiempo sin bases reales de respaldo ciudadano.
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