Esta vez ha vuelto a agitar la amenaza del cierre
del Congreso vía la cuestión de confianza si no aprueban
las reformas que él quiere, en los plazos que él fija y, eso sí, sin
modificar ni una coma.
Esta vez ha vuelto a agitar la amenaza del cierre del Congreso vía
la cuestión de confianza si no aprueban las reformas que
él quiere, en los plazos que él fija y, eso sí, sin modificar ni una coma. Por
supuesto, ese es un comportamiento antidemocrático. Los cambios constitucionales y
las reformas políticas deberían ser materia de una amplia
discusión y de una negociación de los partidos y grupos involucrados, como en
cualquier país democrático, no producto de un capricho ni de una imposición,
sobre todo teniendo en cuenta que las propuestas fueron realizadas por una
comisión, integrada por personas muy respetables, pero que nadie eligió.
A ese respecto hay que anotar algunas cosas. Primero, es
cierto que el sistema político requiere cambios importantes. Segundo, esos
cambios, aunque estén muy bien diseñados, no van a resolver las deficiencias
del sistema político. Pueden mejorarlo un poco o hacerlo menos malo. El ejemplo
más obvio es el de la reforma del sistema judicial que fue diseñado por otra
comisión de notables y que el gobierno impuso al Congreso. El
fracaso del concurso convocado por la comisión encargada muestra que un cambio
de nombres y ciertas reglas no bastan para producir alteraciones profundas y
efectivas.
Tercero, las propuestas de la comisión de reforma
política tienen aspectos interesantes pero varios otros muy
discutibles, como la de integrar las listas de candidatos al Congreso paritaria
y alternadamente entre hombres y mujeres.
Otra propuesta problemática de la comisión es la que
establece que “en las elecciones internas [de los partidos], deben votar todos
los electores que se encuentren inscritos en el padrón electoral”. (Artículo
24.1). Es decir, los casi 24 millones de ciudadanos votaremos en las elecciones
internas de los más de 20 partidos inscritos –en uno de los partidos, se
entiende– para designar a los candidatos, el primer domingo de octubre anterior
al año de elecciones generales. Un ultrademocratismo absurdo por donde se lo
mire.
Negativo, además, si tomamos en cuenta la experiencia
norteamericana que analizan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Allí, dicen,
siempre hubo caudillos populistas con bastante arraigo que nunca pudieron ser
candidatos de los demócratas o republicanos y, por tanto, llegar al gobierno,
porque las cúpulas de los partidos, conscientes del peligro, los bloquearon.
Hasta que en los últimos años, esas cúpulas fueron perdiendo capacidad de veto
y, finalmente, ocurrió: un populista como Donald Trump, una amenaza para la
democracia según los autores, se impuso en las primarias sin que los dirigentes
republicanos pudieran frenarlo, a pesar de que lo intentaron. (“Cómo mueren las
democracias”, 2018).
Cuarto, precisamente uno de los tantos errores de esa
mayoría parlamentaria fue no preocuparse por la reforma política y
dejar un vacío que luego aprovechó el gobierno, no para tratar de mejorar el
sistema político, sino usándola como un arma contra la oposición. Por ejemplo,
pudieron haber cambiado la norma que prohíbe la reelección de alcaldes y
gobernadores regionales, que fue aprobada por pura demagogia en el período
anterior cuando aparecieron muchos y notorios casos de autoridades locales
corruptas y que, a la luz de lo que ya se está viendo, no ha mejorado la
calidad de las nuevas autoridades.
Ahora se abre nuevamente una etapa de profunda
incertidumbre. Nadie sabe qué puede ocurrir en un país sin instituciones ni
reglas claras. En el Congreso algunos actuarán de acuerdo con
convicciones o consignas políticas, pero otros, movidos por intereses egoístas,
favorecerán la disolución del Congreso ahora porque creen que
podrán reelegirse en el 2021. Por el contrario, aquellos que no tienen esa
ilusión, tratarán de mantenerse los dos años que faltan y harán lo que sea
necesario para evitar la clausura.
Y los que quieren pescar a río revuelto, insisten en tratar
de convocar una Asamblea Constituyente que sumiría al país en la parálisis
económica y el caos político.
Como bien dice el editorial de El Comercio, “el
proceso iniciado por Vizcarra, sobre todo por el fantasma de la
disolución del Congreso que viene con él, no suma a la causa
de fortalecer nuestra democracia, corroe la institucionalidad del Congreso y
puede perjudicar la estabilidad que la economía demanda” (30/5/19). Y, como
advierte el titular de “Gestión”, la “inversión privada no minera está parada
por conflictividad política” (31/5/19). Esto antes de la nueva escalada
provocada por el gobierno.
Como es evidente, nada de eso le importa al presidente.
Salvo su popularidad, el resto no cuenta.
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