Acusan a Janina Huamán, gerente de Administración, de elegir
proveedores sin experiencia en licitaciones. Anteriormente trabajó con
exgeneral Edwin Donayre.
(Exitosa) A menos de tres meses de realizarse las elecciones
complementarias en enero 2020, varios trabajadores de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) denunciaron que Janina Huamán Chappa, quien
es la actual gerente de Administración del ente electoral, hace y deshace
en el tema de contrataciones colocando proveedores sin experiencia en las
licitaciones con mayor presupuesto. Habría llegado a este puesto por su amistad
con Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la ONPE.
De acuerdo a los denunciantes, Huamán Chappa obliga a
funcionarios de menor rango a que ejecuten sus órdenes, aprovechando la actual
coyuntura, en donde en el Gobierno a través del Ministerio de Economía autorizó
la transferencia de 142 millones 433, 946 soles a los organismos electorales
como ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el Registro Nacional
de identificación y Estado Civil (Reniec) para la realización de las elecciones
parlamentarias del 26 de enero de 2020.
Asimismo, señalan que algunas contrataciones ya tendrían proveedor
seleccionado por Janina Huamán como para el servicio de habilitación,
acondicionamiento y logística informática de centros de cómputo (SHALI) en la
que se designarán S/23’ 000,000.00; el Servicio de Telecomunicaciones (TELCO)
que costará un valor de S/9’ 000,000.00; el servicio de traslado y recojo
de material electoral en los que se invertirán S/5’ 000,000.00, y la
adquisición de indumentaria que equivale a un gasto de S/4’ 000,000.00.
Además, cabe resaltar que Huamán Chappa, quien se desempeña como
gerente de Administración de la ONPE desde el 25 de julio de 2018,
anteriormente trabajó con el hoy preso Edwin Donayre, general en retiro, que
fue nombrado como Comandante General del Ejército del 2006 al 2008.
Huamán Chappa se desempeñó como analista de presupuesto para
el área de evaluación de la subdirección de presupuesto, en el área de
evaluación de la sub dirección de la DIPLAN (Dirección de Planeamiento del
Ejército). Por este contrato que fue suscrito por la Oficina Administrativa del
Cuartel General del Ejército, Huamán Chappa percibió un pago S/. 20, 000.
Otros favorecidos
Trabajadores de la ONPE también denunciaron que Pilar Biggio
Pastor, gerente de Educación Electoral y vocera de la institución, solo cuenta
con el grado de bachiller y no tiene título profesional.
Caso similar al de Ronny Henry Cáceres Mauricci, quien se
desempeña como gerente de Educación Electoral, sin haber culminado sus estudios
superiores, es decir, no tiene grado de bachiller ni de licenciado. Pero el
peligro mayor es María Tillit, quien ejerce el cargo de Gerente de Organización
Electoral y Coordinación Regional. Todos estos trabajadores vienen de la
gestión de Fernando Tuesta Soldevilla, que en el 2005 fuera sancionado por
infringir el código de ética.
Tuesta Soldevilla, quien también fuera presidente de la
Comisión de Alto Nivel para la Reforma Electoral, sigue siendo contratado por
la ONPE para realizar el servicio de análisis electoral recibiendo pagos
mensuales que oscilan entre los 28 mil a 30 mil soles entre octubre del 2018 a
enero del 2019.
Partido Morado
Otro hecho irregular denunciado por varios empleados de la
ONPE que fueron despedidos del área de Gestión Electoral, es la irregular
verificación de firmas de la segunda entrega del Partido Morado (PM) que
lidera Julio Guzmán. En su primera entrega el PM había presentado muchos
planillones de un mismo puño gráfico que fue detectado y comunicado al
procurador de la ONPE.
Detallan que el 17 de diciembre de 2018, la perito
grafotecnia Liliana Soledad Sánchez, contratada por Janina Huamán, es quien
envía el informe de visión de conjunto de planillones que contienen las listas
de adherentes de la segunda entrega del PM con un total de 36808 planillones,
del cual solo observó una página. La perito hizo estas observaciones sin tener
aún vínculo laboral con la ONPE y en tiempo record, explican.
La denuncia señala, además, que los verificadores designados
para revisar las firmas de adherentes del PM fueron despedidos y no pudieron
concretar la verificación.
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