• La Universidad Particular de Chiclayo dejará de prestar
servicios educativos oficialmente el 19 de agosto del 2021.
• Exigen al nuevo Congreso la derogatoria de los Decretos
Supremos Nº 016-2019 Y Nº 034-2019, que brinda ‘salvatajes’ a las universidades
públicas.
Los líos al interior
de la Universidad Particular de Chiclayo – UDCH, no tienen cuando acabar. Han
transcurrido ocho meses desde que la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria – SUNEDU, denegara el licenciamiento institucional a la
casa de estudios superiores, mediante la Resolución de Consejo Directivo
Nº 098-2019-SUNEDU/CD, del 23 de julio pasado, pero el tiempo los problemas
solo se han agravado.
(Expresion) A casi año y medio de que la universidad cierre
definitivamente sus labores educativas, mientras desde la alta dirección
confían aún en que el nuevo Parlamento interpele al ministro de Educación por
lo que consideran una “violación a la autonomía universitaria”, el Frente de
Defensa de la UDCH, presidido por José Leopoldo Cabrejos Yovera, exige la
salida del Alberto Ortiz Prieto, hasta hoy rector del recinto educativo.
LICENCIAMIENTO
La Universidad Particular de Chiclayo fue creada el 24 de
enero de 1985, mediante la Ley Nº 24086, la cual sería posteriormente
modificada por la Ley Nº 24778. Seis años después, el 30 de octubre de 1991, la
Asamblea Nacional de Rectores, a través de la Resolución Nº 997-91-ANR, le
otorgó el reconocimiento definitivo de funcionamiento.
El 17 de octubre del 2016 la Universidad Particular de
Chiclayo presentó ante la SUNEDU su solicitud formal para someterse al proceso
de licenciamiento. Solo dos meses después el órgano adscrito al Ministerio de
Educación notificó a la universidad que en 49 de los 50 indicadores analizados
había encontrado observaciones, por lo que le requirió que acreditase
información sobre la subsanación de estos.
Pese a contar con solo 10 días para levantar las
observaciones, el 12 de enero del 2017 la UDCH solicitó a la SUNEDU una
ampliación del plazo para remitir la información solicitada. Dicha acción se
repetiría hasta en seis oportunidades en que la universidad remitió
documentación, la cual fue considerada “inconsistente e imprecisa, siendo
insuficiente para emitir un pronunciamiento respecto a las Condiciones Básicas
de Calidad”, según se desprende en la resolución.
CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD
Una de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por
SUNEDU para el licenciamiento institucional es la disponibilidad de personal
docente a tiempo completo en no menos del 25 %.
Al respecto, según la Carta Notarial remitida por el Frente
de Defensa de la UDCH a Alberto Ortiz Prieto, a los ocho meses de solicitado el
licenciamiento se despidió sin causa a alguna a un aproximado de 30 docentes
nombrados a tiempo completo, motivo por el cual la universidad no pudo
acreditar tener ni el 10 % de estos.
“No ha podido garantizar que cuenta con una plana docente
permanente, que desarrolle su función pedagógica y académica, dado que menos
del 10 % de los docente con carga lectiva tiene un régimen de dedicación a
tiempo completo”, se lee en la resolución.
El Frente de Defensa también cuestiona el incumplimiento de
la condición básica referida al desarrollo de líneas de investigación, pues
consideran que con el despido de los 30 docentes se dejó sin recursos humanos
para cumplir dicho requerimiento.
Además, responsabiliza a Ortiz Prieto de no haber alcanzado
la condición de “Equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones como
bibliotecas, laboratorios, talleres, entre otros”, puesto que el 30 de enero
del 2018, mediante la Resolución Nº 066-2018-CU-UDCH, se aprobó “hacer un corte
contable sobre el concepto de goce vacacional y liquidar a todos los que han
acumulado vacaciones”.
Según se lee en la carta notarial, los beneficiados con
dicha medida habrían sido Ortiz Prieto y el director de Recursos Humanos Hugo
Rolando Rivera Barboza. El primero habría cobrado en cuatro cuotas de julio a
octubre del 2018 un total de 885 mil 15.04 soles, mientras que el segundo en
una sola cuota 68 mil 744 soles.
Se manifiesta en el escrito notarial que con 952 mil 959.04
soles que se cobró en total se hubiese podido equipar a las facultades con
laboratorios y talleres.
Asimismo, los representantes del Frente de Defensa de la
UDCH señalan que entre el 2015 y el 2018 existen informes técnicos de “gastos
excesivos y no razonables” en pasajes nacionales e internacionales,
alimentación, alojamiento, asesorías, multas, entre otros, que superarían los ocho
millones de soles, lo cual afectó el patrimonio de la universidad e impidió que
se logre el licenciamiento.
MÁS CUESTIONAMIENTOS
En el punto 7 de la carta notarial se denuncia que el local
del edificio central administrativo de la universidad no se encuentra dentro de
los bienes inmuebles de la misma, sino que sería propiedad del Banco
Continental, entidad que la mantendría hasta que la casa de estudios superiores
pague la total del arriendo financiero que superaría los siete millones de
soles.
Además, refieren que si bien Ortiz Prieto fue elegido en
junio del 2015 y su período termina dentro de cuatro meses, la UDCH no tiene
legalmente Asamblea Universitaria, pues las elecciones de enero del 2017 para
representantes docentes ante dicho órgano de gobierno fueron anuladas
judicialmente, no habiéndose realizado desde entonces un nuevo acto
plebiscitario.
Asimismo, cuestionan que tanto Ortiz Prieto como otros
funcionarios tengan procesos penales por fraude en la administración de la
universidad, estafa agravada, apropiación ilícita y falsedad ideológica, según
el Caso Nº 3229-2018, que obra en la Primera Fiscalía Provincial Penal;
mientras que otros trabajadores tengan procesos por fraude en la administración
de personas jurídicas, tráfico de influencias y organización criminal, según la
Carpeta Fiscal Nº 2693-2019, en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa.
Para el Frente de Defensa de la UDCH, todo ello amerita la
renuncia de Ortiz Prieto al cargo de rector. “De todo esto se deduce que
pareciera que usted no quiso el licenciamiento de la Universidad Particular de
Chiclayo, no estuvo en su voluntad; por lo tanto usted es el único responsable
del no licenciamiento institucional y el cierre de su servicio educativo el
próximo año… En consecuencia, resulta ilógico e irracional que siendo
responsable de la extinción de nuestra casa superior de estudios y viole sus
leyes, la siga conduciendo, utilizando sus recursos que le quedan”, se lee.
DEROGATORIAS
Por otro lado, el Frente de Defensa de la UDCH denuncia ante
los nuevos parlamentarios un presunto trato desigual a las universidades del
país, por su condición de públicas y privadas. Precisamente, cuestionan la
emisión del Decreto Supremo Nº 016-2019-MINEDU, del 19 de octubre pasado, en el
que se aprobó la ejecución de un plan de emergencia para las universidades
públicas con licencia institucional denegada por SUNEDU.
Dicha norma tiene por finalidad que las universidad públicas
puedan ejecutar un plan de emergencia durante el plazo máximo de cese
establecido, es decir dos años, después del cual podrán volver a solicitar la
licencia institucional en un nuevo procedimiento, de acuerdo al marco legal.
Además, denuncian el Decreto de Urgencia Nº 034-2019, del 24
de diciembre pasado, mediante la cual se incorpora la Décimo Segunda
Disposición Complementaria Final a la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria, la cual
estipula que el Ministerio de Educación conformará una comisión reorganizadora
en aquellas universidades públicas con licencia institucional denegada, a fin
de obtener el licenciamiento.
“Es clara y evidente la discriminación que cometen las
autoridades con las universidades privadas y el privilegio para las públicas al
otorgarles hasta tres oportunidades para su licenciamiento… (Los decretos)
devienen en violatorios a la Constitución Política e impopulares, por lo que
deben ser derogados”, manifiestan en el documento dirigido a la opinión
pública.
Fuente: Semanario Expresión
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