Por: Fernando Rospigliosi - Ex Ministro del Interior
En el 2013 fue evidente que Alejandro
Toledo era también un político corrupto, cuando se descubrió que había
adquirido –usando a su suegra como testaferro– dos propiedades por casi cinco
millones de dólares. Las absurdas mentiras que pronunció sucesivamente el ex
presidente para negar lo innegable solo confirmaban eso.
Como dije en esta columna: “Todas las evidencias mostradas hasta ahora
indican que el ex presidente Alejandro
Toledo posee una enorme
fortuna que no puede provenir de ingresos legales, obtenidos honestamente de su
trabajo, sino que son producto de la corrupción. Es decir, que durante su
gobierno aprovechó del poder para enriquecerse ilícitamente” (“La República”,
22/9/13).
Cuando se descubrió la existencia de Ecoteva y
otras empresas de fachada similares en Costa Rica, con la participación de
Josef Maiman, estaba claro que él era el que había ocultado las coimas que
recibió Toledo. Maiman, un empresario muy importante con base en Israel pero
con negocios –y cuentas– en todo el mundo, muy cercano al ex presidente desde
el principio, era la persona ideal para mover el dinero ilícito de Toledo-Karp.
No se conocía todavía el origen de las coimas.
No obstante, el sistema judicial peruano
avanzó muy poco en casi cuatro años. Solo cuando el escándalo Lava Jato estalló
en Brasil y empleados de Odebrecht han empezado a revelar
algunos de los sobornos pagados a políticos y funcionarios peruanos, se ha
puesto en marcha, con una lentitud exasperante, la judicatura peruana.
Naturalmente, a estas alturas sigue reinando
la incertidumbre, pues a pesar de las pruebas cada vez más abrumadoras que
llegan de Brasil y otros países, no se puede olvidar que el Poder Judicial
peruano hizo que los casos Petroaudios y Comunicore terminaran sin condenas. Es
tan ineficiente y corrupto que cualquier cosa puede ocurrir.
Ahora se habla de la gran oportunidad que
tiene el Perú para regenerarse, sentar un precedente y acabar con la corrupción
de hoy y futura. Dudo que eso ocurra. Muchos fuimos los que creímos algo
parecido en el año 2001 y nos equivocamos. En esa oportunidad, por primera y
única vez en la historia del Perú se juzgó y sentenció, con razonable
imparcialidad, a personas poderosas y con dinero.
Pero como nos hemos enterado después, en ese
mismo período el entonces presidente robaba cantidades inmensas de dinero al
pueblo peruano (la plata no sale del bolsillo de los que pagan los sobornos,
ellos simplemente inflan el presupuesto para remunerar a los funcionarios
corruptos) mientras se llenaba la boca con discursos contra la corrupción. Y lo
mismo ocurrió en los dos siguientes gobiernos, de acuerdo con lo que ya se sabe
de las delaciones de los brasileños. Y posiblemente esté sucediendo ahora
mismo.
No hubo disuasión. Los sinvergüenzas
consideraron que lo ocurrido con Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y sus
cómplices era una excepción y que todo seguiría igual. Y, en cierto sentido, no
se equivocaron, pues si por el sistema judicial peruano fuera, probablemente no
hubiera pasado nada. Lo que no calcularon fue que en Brasil estallaría el
escándalo Lava Jato, con las consecuencias que estamos viviendo.
Con la corrupción sucede lo mismo que con los
delitos comunes, de poco sirven las abultadas penas y los controles si las
posibilidades de ser atrapado y sentenciado son mínimas. Los potenciales
delincuentes consideran que vale la pena correr el pequeño riesgo.
En suma, para que se produzca una verdadera
regeneración en el Perú tendrían que producirse cambios institucionales
decisivos en el sistema judicial y la administración pública. Y no se están
realizando. El llamado a impulsarlos era el gobierno. No lo hizo al comienzo y
es muy improbable que lo vaya a hacer ahora o en el futuro.
Mi respuesta entonces a la pregunta del título
¿Cambiará la corrupción en el Perú?: no
creo. Si antes no cambió, no hay razón para que suceda ahora.
Lo que sí se puede lograr es que los corruptos
más encumbrados de los tres últimos gobiernos paguen sus culpas, cosa que no
necesariamente acontecerá. Pero por lo menos a eso deberíamos aspirar.
Para
eso se requiere la presión de la calle, de los medios de comunicación y de los
políticos que, por lo general, no actúan movidos por auténticos impulsos
anticorrupción, sino por revancha y para ganar votos.
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