Estados Unidos enfrenta la epidemia de drogas más mortífera de su historia. Entre 2021 y 2022, más de 100,000 estadounidenses perdieron la vida por sobredosis, cifra en aumento.
El fentanilo
opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, es responsable de la
mayoría de estas muertes, cobrándose 200 vidas diariamente.
Este panorama no
es un problema interno de Estados Unidos; es una crisis con raíces
internacionales, especialmente en China y México, principales
proveedores de fentanilo y sus precursores químicos, que facilitan el flujo de
esta sustancia mortal hacia territorio estadounidense.
El peligro del
fentanilo radica en la potencia y facilidad con la que se sintetiza a partir de
otros químicos, muchos de uso comercial legítimo, dificultando su regulación y
control. Los productores ilegales modifican ligeramente las estructuras
químicas para evadir restricciones legales, creando nuevos análogos igualmente
letales.
China, principal
origen de los precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, ha
tomado medidas como la restricción de ciertos opioides sintéticos, pero la
aplicación de regulaciones ha sido limitada. La tensión geopolítica entre
Estados Unidos y China obstaculiza la cooperación para combatir este problema.
La falta de
acciones contundentes de China no es casualidad, refleja estrategias donde la
colaboración en materia de narcóticos está supeditada a relaciones geopolíticas
más amplias.
Los cárteles
mexicanos, a punto de tránsito y producción de fentanilo, reciben los
precursores químicos de China, sintetizándolos en laboratorios clandestinos
antes de introducirlos al mercado estadounidense.
La corrupción,
violencia y falta de estrategias del gobierno mexicano permiten que estas
organizaciones operen con impunidad.
El expresidente
mexicano Andrés Manuel López Obrador adopto una política de “abrazos
no balazos”, enfocada en medidas sociales y económicas que no estabilizaron
la situación. López Obrador creía que los carteles enfrentados entre
ellos eventualmente alcanzarían un equilibrio de fuerzas, disminuyendo la
violencia. Pero el conflicto se ha convertido en una guerra por la primacía
entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación,
extendiéndose en América Latina.
Los carteles
mexicanos han expandido
sus actividades más allá del tráfico de drogas, involucrándose en extorsión,
minería ilegal, tala de bosques y tráfico de vida silvestre.
Esto fortalece sus estructuras financieras y logísticas, haciendo más
difícil combatirlos.
La magnitud del
problema afecta la salud pública y la seguridad de Estados Unidos, con
implicaciones económicas y ambientales.
Ante esta
situación, Estados Unidos necesita intensificar esfuerzos diplomáticos
para lograr la colaboración de China y México, no solo con acuerdos
bilaterales, sino también ejerciendo presión en foros internacionales.
Es necesario
reforzar controles y regulaciones, implementar sanciones a empresas y personas
involucradas en la producción y tráfico de fentanilo y sus precursores, y
excluir del mercado estadounidense a empresas no cooperativas. Asimismo, se
requiere aumentar la inspección y vigilancia en las fronteras para interceptar
el flujo de fentanilo, aunque esto podría afectar temporalmente al comercio
legitimo.
La estrategia no
debe centrarse únicamente en incautaciones de drogas; debe atacar la estructura
financiera y logística de las organizaciones criminales, con mayor colaboración
entre agencias gubernamentales y el uso de inteligencia financiera para
desmantelar a los carteles. A nivel interno. Los programas de prevención que
minimicen el consumo ayudaran a reducir la demanda.
El tráfico
ilícito de fentanilo es una amenaza que requiere una respuesta global.
Estados
Unidos, China y México
deben dejar de lado sus diferencias geopolíticas y trabajar juntos para detener
el flujo de esta droga mortal. La vida de miles de personas depende de las
acciones que se tomen para superar esta crisis sin precedentes.
Publicar un comentario