* Propuesta de anulación y
postergación de los comicios sería un atentado contra la democracia, a pesar
del avance del proceso electoral y la importancia crucial de la alternancia en
el poder.
Por: Dr. Luis Lamas Puccio
Afirmar que se debe anular
y, a la misma vez, postergar la fecha señalada para las próximas elecciones
generales de Perú, que se llevaran a cabo el domingo 12 de abril de 2026,para
elegir al nuevo presidente de la República, a los vicepresidentes y a los
representantes electos ante el Congreso y el parlamento andino para el periodo
2026-2031,puede hacernos pensar que se trata de una iniciativa o propuesta que
encierra un tremendo despropósito, un desatino inaceptable, considerando lo
inaceptable, considerado lo avanzado del proceso, e incluso un absurdo
imponderable en contra de la misma democracia.
Se trataría de un
flagrante atentado contra un acontecimiento electoral clave, no solo para la
democracia, sino para el futuro de nuestra nación, que requiere un giro
significativo y circunstancial en la alternancia del poder.
PROCESO ELECTORAL DIAFANO
Hablamos de llevar a cabo
un proceso electoral limpio, transparente y, sobre todo, democrático en el buen
sentido del concepto, en el que los millones de electores nacionales deben
decidir el futuro de nuestra nación. Se trata de ciudadanos que concurrirán
confiados y crédulos a las urnas electorales, pensando, sin mayores dudas, que
quienes competirán en tan trascendental acontecimiento electoral son personas
aptas, respaldadas por partidos políticos transparentes que se ciñen a las
leyes y principios que rigen la democracia.
Se entiende que, de manera
previa, quienes postulan y las agrupaciones o partidos políticos que los
respaldan han cumplido cabalmente con todos y cada uno de los requisitos que
exigen el abundante y frondoso marco normativo en materia electoral que existe
en nuestro país.
Hablamos del aval
incondicional de instituciones que se suponen tan serias y exigentes como el
Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, cuyas labores no son
otras que conducir el proceso electoral dentro de los canones mínimos que exige
la democracia.
Se han agotado y puesto en
práctica al máximo todas las capacidades funcionales cognoscitivas,
fiscalizadoras, éticas y administrativas que señalan las leyes, justamente para
lograr que, una vez culminado el proceso electoral sea el resultado de una capacidad
ejemplar de fiscalización y control adecuado, convincente y oportuno, que
permite elegir a los candidatos más idóneos y aptos para representar a la
nación frente a los complejos problemas del futuro.
INOPERANCIA INSTITUCIONAL
SUPINA
Preocupa que las
autoridades encargadas de garantizar la transparencia y solidez del proceso
electoral permitan que este continue y que afectan bienes jurídicos
fundamentales, sino que evidencian en marcha como si nada ocurriera a pesar de
lo que está en juego, y de cómo estas falacias y engaños políticos siguen su
curso hacia las urnas.
Las firmas falsificadas no
solo implican uno o varios delitos graves sancionados con penas privativas de
libertad y que afectan bienes jurídicos fundamentales, sino que evidencian de
forma resonante la inoperancia y el deficiente desempeño de una amplia gama de
instituciones vinculadas a nuestro sistema electoral.
Me refiero al Jurado
Nacional de Elecciones como órgano rector del ámbito electoral; al Ministerio
Publico, defensor de la legalidad y los derechos reconocidos en la Constitución
Politica; al Poder Judicial, encargado de administrar justicia al Congreso de
la República, qué legisla y supuestamente fiscaliza la labor publica: al Poder
Ejecutivo que conduce las riendas del país; a la ONPE como organizador del
proceso, a la Defensoría del Pueblo, defensora de los derechos ciudadanos; y al
RENIEC,responsable de la identificación y transparencia ciudadana.
MAQUILLAJE ELECTORAL
La interrogante central es
si nuestras leyes electorales realmente sirven para garantizar procesos
legítimos si, por el contrario, son solo una fachada para encubrir intereses
políticos, maquillados ante un ciudadano que observa, atónito e incrédulo, como
la institucionalidad electoral fracasa frente a una realidad vergonzosa para la
democracia.
Sin embargo, la existencia
de firmas falsas muestra la otra cara sombría y preocupante del proceso
electoral. Porque en la práctica, nada se puede hacer para cancelar la
inscripción de aquellas organizaciones políticas que, presuntamente, han
falsificado masivamente firmas para participar en la contienda, pese a las
denuncias presentadas por los mismos ciudadanos que terminaran siendo
doblemente víctimas.
Las firmas falsificadas no
son únicamente un asunto delictivo-aunque lo es-, sino que reflejan la poca
importancia que se otorga a la transparencia electoral. En este caso, se
mantiene la falsa creencia de que el proceso en curso está encaminado conforme
a la ley, cuando en realidad avanza contaminado por serias deficiencias éticas
y legales.
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