* “La exfiscal
de la Nación Patricia Benavides fue suspendida por chats filtrados, pero a
Gorriti nadie lo ha tocado, pese a aparecer en ellos. Mafia pura.
- Por: Luis
García Miró Elguera.
Según una nueva
información-a la que tuve acceso e incluso fue publicada-existen nuevas y
abundantes evidencias de que tanto el fiscal supremo Pablo Sánchez como el
activista Gustavo Gorriti habrían escondido miles de audios que comprometen,
tanto penal como moralmente, a jueces y fiscales. El objeto es manipularlos
para que actúen conforme a sus intereses. Se trata de las declaraciones de la
fiscal provincial titular Norah Córdova brindada a Willax confirmando La
existencia de “arreglos” en el sistema de justicia tramados por Sánchez
y Gorriti para beneficiar a Odebrecht y a terceros sospechosos. Expedientes que
terminaron “por error” en las investigaciones y/o los procesos judiciales sobre
la existencia de cientos de audios usados como instrumento de extorsión. Esto
lo denuncio el fiscal Chávez Cotrina, por entonces coordinador nacional en
casos contra el crimen organizado. Hasta que su proactividad incomodo a quienes
traficaban con esa información reservada, nunca desmentida, referida a Pablo
Sánchez y Roció Sánchez, esta última sospechosa de favorecer a Vizcarra.
Es decir, todo
sigue igual en Fiscalía alrededor de este escándalo que involucra al fiscal
supremo Pablo Sánchez como a Gustavo Gorriti, inclusive este último habría
tenido acceso a esos audios, lo que le da gran poder sobre decisiones fiscales.
Tanto que surgió
un nuevo gran escándalo: la legitima suspensión de una diligencia investigadora
en las oficinas de Gorriti, conducida por el fiscal Rodrigo Rurush. Suspensión
ordenada por Pablo Sánchez tras recibir una grosera llamada telefónica al número
privado del Fiscal de la Nación hecha por Gorriti; grabada y difundida por los
medios, donde Gorriti maltrata a un sumiso Fiscal de la Nación, tras lo cual
Pablo Sánchez ordena al fiscal Rurush: “Retírese ahora mismo caso contrario
aténgase a las consecuencias”. ¿Por qué este Congreso que abrió denuncias
constitucionales contra fiscales como Delia Espinoza no lo ha hecho formalmente
contra Sánchez ni Gorriti?
Esto indica que
la justicia en nuestro país opera bajo la lógica del poder político informal,
donde el acceso a la información sensible constituye un invencible instrumento
de coerción política. Ello, sumado a la selectividad con que la Fiscalía lleva
las investigaciones que tocan a Sánchez y/o Gorriti, ha perpetuando la
impunidad para sujetos como a Gorriti. Pero ¿Cómo todo puede seguir igual,
conociendo que esta podredumbre trae por tierra toda posibilidad de hacer
justicia en el Perú? La respuesta es que, basándose en amenazas de imputar
a cualquiera con pruebas “fabricadas a la medida”, el poder
político que ha consolidado la mafia caviar hace tiempo mantiene secuestrado al
Ministerio Publico y a parte del Poder Judicial.
El fiscal Sánchez
y Gorriti tienen comprometedores expedientes relacionados al caso “Cuellos
Blancos”, consolidando poder sobre decisiones fiscales/judiciales. Sánchez ha
aprobado denuncias constitucionales contra fiscales como Delia Espinoza.
¡Jamás contra Sánchez ni Gorriti”! Todo indica que estos dos tienen
expedientes “preparados” para empapelar al congresista que se atreva a
tocarlos.
La ex fiscal de la Nación Patricia Benavides fue suspendida por chats filtrados, pero a Gorriti nadie lo ha tocado, pese a aparecer en ellos, Mafia Pura.
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