¿Qué poder fáctico permite y
respalda el hecho de que, tanto Ernesto Rafael Vela Barba como José Domingo
Pérez Gómez, permanezcan —desde hace ya una década— desempeñándose como figuras
principales de la fiscalía anticorrupción? ¿Acaso no son prueba suficiente de
su incompetencia su descarado favorecimiento a todo lo que tenga que ver con
políticos de izquierda y, finalmente, su permanente, atrevida impunidad
respaldada desde la cúpula misma de la Fiscalía de la Nación? Esto,
aparte de los flagrantes delitos en que ambos han incurrido. Por citar uno:
suscribiendo el infame, si no criminal, pacto secreto con Odebrecht, que le
implica al Perú un desmedro colosal. ¡No solamente en deterioro económico, sino
en desprestigio mundial! Karma que, desde entonces, con más razón viene
soportando nuestra justicia por la miseria de jueces y fiscales que
mayoritariamente exhibe. ¿Acaso no sienten remordimiento por semejante
escándalo los demás fiscales de la Nación que han ocupado el cargo, conociendo
que sus pares —Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos— no se dan por aludidos frente a
la pregunta que hemos formulado al inicio del comentario? Todo esto es una
ofensa intolerable a la sociedad. En consecuencia, lo menos que espera la
sociedad peruana es que muy pronto Vela y Pérez sean castigados con ejemplar
severidad. La dignidad de nuestro país exige penalizar —sin dudas ni
murmuraciones— a quienes delincan en su nombre.
Analicemos algunos sesgos de los delitos en que han incurrido Vela Barba y
Pérez Gómez:
Archivamientos irregulares: ambos
fiscales habrían archivado al menos 10 procesos penales fuera del alcance del
acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, beneficiando a empresas no
incluidas originalmente.
Ampliación indebida de beneficios: se les acusa de extender beneficios
legales a terceros sin sustento jurídico, lo que podría constituir abuso de
autoridad o prevaricato.
Intervención en materia tributaria sin competencia: el procurador de SUNAT
denunció que firmaron acuerdos sobre delitos tributarios cuando aún no tenían
competencia legal para hacerlo.
Violación del principio de especialidad: la justicia brasileña suspendió
temporalmente la cooperación judicial con Perú por el uso indebido de pruebas
en procesos no autorizados.
Investigación por cohecho pasivo específico: están siendo investigados
por presuntas irregularidades reveladas por Jaime Villanueva, asesor de la
Fiscalía.
Suficiente teatro hemos contemplado viendo lo bien que pasa la vida esta pareja
de presumidos fiscaletes —como señalamos al iniciar esta crítica— amparados por
poderes fácticos corruptos, tras los cuales —hay que decirlo claramente— está
la izquierda corrupta llamada caviar, acostumbrada a hacer de las suyas sin
respaldo popular.
Seamos claros: mientras
nuestro sistema judicial siga tan corrupto como está hace un cuarto de siglo,
el caso de esta dupla de fiscales no solo jamás será castigado, sino que la
justicia en el Perú continuará corrompiéndose hasta acabar en las sentinas del
infierno en que se convertirá nuestro país.
La podredumbre que se ha
apoderado de nuestro sistema de justicia —Poder Judicial y Ministerio Público—
debe ser inmediatamente erradicada y reemplazada por ciudadanos probos y
capaces. Caso contrario, se desatará el caos. El Congreso tiene la palabra.
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