Las estrategias más efectivas para combatir la extorsión combinan: leyes severas, inteligencia policial y participación ciudadana. ¡Pero, absolutamente nada de esto tenemos en el Perú! Por el contrario, los códigos y las normas que se aplican acá respaldan al extorsionador y condenan al extorsionado, quien evidentemente recurre a defenderse como pueda; arriesgándose a que algún miserable fiscal acabe denunciándolo, y encarcelando por llamar extorsionador a quien lo había chantajeado.
La principal consecuencia de que este crimen nos convierta en el país sudamericano con mayor incidencia de ciudadanos extorsionados, es sencilla: la Fiscalía de la Nación no solo no mueve un dedo para exigirle al poder Legislativo que genere normas drásticas que frenen este atentado contra el poblador. Más bien pareciera que el Ministerio Público preferiría apelar a aquellas leyes benevolentes que existen para, inmediatamente, liberar a los extorsionadores y, aparte, denunciar al policía que, con gran esfuerzo —y serios riesgos—, capturó en flagrancia a aquellos chantajistas.
El ABC para combatir la extorsión estriba en fortalecer las redes oficiales para vigilancia vecinal, municipal y policial; y que el Estado imparta instrucciones al poblador para que este sepa cómo actuar, apenas resulte extorsionado bajo cualquier circunstancia. Organismos clave como Global Initiative Against Transnational Organized Crime determinan que la extorsión es, ya, un “problema mundial, generalizado, que amenaza tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados a través del proceso de extracción de pagos monetarios o de otro tipo, mediante el uso de la violencia o la amenaza de violencia”. Actualmente, la extorsión abarca a todos los niveles del comercio y demás esferas de la sociedad alrededor del mundo. Pocos se salvan de sus garras; desde las grandes empresas hasta las pequeñas, pasando por los negocios familiares y aquellos comercios informales.
Según los indicadores internacionales, ¡Perú lidera esta lacra en número absoluto de denuncias! Además, en Lima, Trujillo y Piura, la extorsión se ha transformado en una industria criminal que ya moviliza ¡¡más de 6,000 millones de soles cada año!!
La presencia de bandas venezolanas es significativa y preocupante. Según informes policiales, se han identificado a no menos de siete facciones del Tren de Aragua y otras organizaciones; y capturado a decenas de ciudadanos venezolanos vinculados a bandas especializadas en este inmundo crimen. ¡No obstante, la extorsión continúa expandiéndose y la Fiscalía regodeándose!
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