La política nacional de prevención de desastres es disfuncional
y peligrosa.
(ElComercio) Hay eventos cíclicos inexorables. Ciertos fenómenos climáticos, como El Niño (FEN) –que visita la costa peruana cada determinada cantidad de años– son un buen ejemplo de inevitabilidad y certeza. Si bien no se sabe con precisión cuándo será el siguiente FEN de grandes proporciones, sí se sabe que necesariamente vendrá.
(ElComercio) Hay eventos cíclicos inexorables. Ciertos fenómenos climáticos, como El Niño (FEN) –que visita la costa peruana cada determinada cantidad de años– son un buen ejemplo de inevitabilidad y certeza. Si bien no se sabe con precisión cuándo será el siguiente FEN de grandes proporciones, sí se sabe que necesariamente vendrá.
Vinculado
a los anteriores, hay también un fenómeno cíclico aún más predecible: la falta
de prevención para responder a las mismas emergencias que atacan con
regularidad. Cada año se destina una cantidad considerable de recursos a obras
de prevención, y cada año buena parte del monto es usado de forma ineficiente o
simplemente no se ejecuta.
El año
pasado, el presupuesto para la reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres fue S/2.600 millones, de los cuales se ejecutaron
apenas dos tercios, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Hasta
finales del 2018, del gasto para la reconstrucción del norte –que incluye
inversión de prevención– a dos años del FEN solo había obras
concluidas por el 5% del presupuesto total, en tanto que, entre inversión
terminada, en ejecución, o en convocatoria, se había comprometido apenas el
20%.
No es
solo que buena parte del presupuesto se queda sin gastar, sino que la
prevención no suele formar parte del plan municipal. De acuerdo con un informe
publicado en este Diario ayer, solo el 14% de municipalidades provinciales y el
2% de las distritales tienen un plan para prevenir y reducir riesgos. Incluso
aspectos mínimos y básicos que no requieren demasiado presupuesto, como un
ordenamiento territorial que impida la emisión de certificados de ocupación en
zonas de peligro, están ausentes. El Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) calcula que 1.258 distritos –de
aproximadamente 1.850– tienen un riesgo entre “alto” y “muy alto” durante temporada de lluvias.
La
desidia con que se trata la cultura de prevención a nivel político tiene quizá
raíz en los mismos, predecibles, ciclos electorales. Autoridades nacionales,
regionales y locales, a cargo de diseñar e implementar las acciones
preventivas, pueden encontrar más réditos políticos en una obra visible de uso
diario –como caminos o remodelaciones urbanas– que en obras que posiblemente no
sean necesarias durante su período en el cargo, si el desastre natural no
ocurre en los siguientes cuatro o cinco años.
El enorme costo político y económico de la
reparación cuando ocurra lo previsible (se estima que cada sol invertido en
prevención evita el gasto de 10 soles en reconstrucción) lo asumirá, después de
todo, alguien más. La prohibición de la reelección regional y municipal solo ha
agravado este desincentivo en la cultura de prevención nacional, y hoy equipos
debutantes en gestión pública asumen retos para los que pueden todavía no estar
preparados.
¿Por dónde empezar a cerrar estas brechas?
La respuesta no es fácil, pero un componente
clave es trasparentar y asignar claramente las responsabilidades dentro del
aparato público. Ante un desastre que ocasiona cuantiosos daños, hoy la culpa
se intenta diluir entre diferentes niveles de gobierno (nacional, regional,
provincial y distrital) e instituciones públicas específicas (Indeci, Autoridad
para la Reconstrucción, Autoridad Nacional del Agua, el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, etc.). El resultado es un sistema disfuncional
donde todos tienen tareas, pero ninguna responsabilidad. La historia es tan
conocida, predecible y regular como los desastres que intentan mitigar.
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