Se conoce que un bien jurídico tutelado es aquel derecho o condición que necesita ser amparado por la ley para que sea acogido y respetado por toda la Comunidad.
Fácilmente se comprende que la vida, la propiedad y todo lo
declarado como fundamental por la Constitución resultan ser bienes de alta
consideración cuyo respeto debería darse por descontado; esto es, ni siquiera
podríamos imaginar que alguien pretenda agraviarlos pues representan el esquema
fundamental de la convivencia humana.
Sin embargo, algo se ha escapado de la cobertura plena que
deberían brindarle las leyes y es el caso de “la confianza” como bien jurídico
que garantiza el orden establecido. Confiamos en una persona cuando lo elegimos
libremente para desempeñar un cargo público o una representación institucional.
Confiamos en un servidor público cuando sabemos que su labor
siempre será garantizarnos la solución a los problemas que tenemos. Confiamos
en el profesional que nos ofrece sus servicios en los campos de la salud, la
educación, la ingeniería y toda ocupación arte u oficio que distinguen a unas
personas de otras por su habilidad en una tarea determinada.
Y confiamos profundamente en aquella persona que desempeña
un cargo o tiene deberes de función que deberían garantizar que todos los demás
bienes jurídicos tutelados cuenten con esa silenciosa garantía de nuestra fe y
nuestra práctica del respeto mutuo.
Sin embargo, no hemos llegado a calificar a “la confianza”
como el mayor bien jurídico que puede ser agraviado por aquellos, quienes, a
pesar de estar obligados a custodiarnos, terminan afectándonos con sus
irregularidades o sus delitos. Cuánto agravian a la confianza los policías que
terminan integrando bandas de asaltantes, falsificadores o comerciantes de
productos robados.
Cuánto agravian a la confianza los jueces que liberan a los
delincuentes, porque tienen amistad o relación con ellos. Y cuánto agravian a
la confianza los fiscales que fingen no ver el delito cometido y prefieren
enredarlo entre papeles y justificaciones para no llegar a una acusación
consistente.
Cuánto más agravian la confianza los titulares del Poder
Ejecutivo y del Legislativo que tienen las mayores decisiones en nuestra nación
y se venden por jugosos platos de lentejas.
Cuánto se rompe en la vida común si es que esas personas
especialmente son las primeras que abusan de la confianza que se les brinda o
ejecutan ellos mismos los hechos ilegales que deberían perseguir.
Qué hacer con la confianza que se tenía en una señorita del
Ministerio Público que es capturada en un aeropuerto por haberse apoderado de
una bolsa ajena.
Qué hacer con la confianza que se tenía con toda la dotación
policial, más de cien efectivos, de un distrito limeño que han debido ser
rotados TODOS a otra localidad porque la comunidad los ha denunciado por estar
vinculados a muchos delitos.
Qué hacer con la confianza en nosotros mismos cuando
aprovechamos cualquier descuido del vecino para robar algunas prendas de su
vivienda.
¿En qué nos hemos convertido? Ahora como nunca es necesario
dar una mayor valoración a la confianza. Quien falte a ella debe ser expuesto
públicamente con deshonor.
Lamentablemente poco a poco se han ido perdiendo los que
podían atreverse a ponerle el cascabel al gato y los peruanos ya perdimos
amistad con la confianza. Nos hemos peleado con ella y no la queremos en
nuestra vida diaria.
La confianza debería ser el primer bien jurídico tutelado,
no solamente en el ámbito de los negocios sino fundamentalmente en el ámbito de
la política.
Para conocimiento de algún despistado por allí, política es
la ciencia o arte de conocer, evaluar y resolver los problemas que tiene una
comunidad.
Hacer política o tener representación política no es ponerse
un fajín o una banda y medalla para estar parado allí, como un armatoste sin
capacidades ni conocimientos para hacer nada.
Cosas como esa únicamente nos hacen alejarnos cada día más
de la confianza en los conocimientos de quienes dicen representarnos. ¡Qué país
este que hemos construido, subidos en el vehículo de nuestras desconfianzas!!
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