La Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), parte del grupo
Novonor, reafirmó que está plenamente habilitada para contratar con el Estado
peruano, amparada por una resolución firme de la Corte Suprema. Esta
habilitación incluye la posibilidad de suscribir cláusulas anticorrupción en el
marco de asociaciones público-privadas. CTO advirtió que cualquier cambio en
las reglas de contratación pública no puede aplicarse de forma retroactiva ni
vulnerar derechos ya consolidados, en respeto al principio de cosa juzgada.
La empresa destacó que ha emprendido una transformación
profunda de su estructura de gobierno corporativo, incluyendo la adopción de un
sistema de integridad bajo estándares internacionales, la certificación ISO
37001 antisoborno y la incorporación de directores independientes en sus
concesionarias en Perú. Su programa de cumplimiento ha sido validado por
entidades como el Departamento de Justicia de EE.UU., el Banco Mundial y el
BID, lo que le ha permitido continuar desarrollando proyectos en diversos países.
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que la
decisión sobre el futuro de la concesión del proyecto Olmos debe ceñirse al
marco legal vigente y no a valoraciones políticas o éticas. Señaló que las
sanciones penales son aplicables solo a personas naturales, no a empresas como
tales. Agregó que la cláusula anticorrupción no puede aplicarse de forma
retroactiva, y que, si Novonor cumple con los requisitos establecidos por la
legislación actual para contratar, no existe impedimento legal para que continúe
operando el proyecto.
Quiroga advirtió que, si el Ejecutivo decide apartar a la
empresa ignorando su habilitación legal, podría exponerse a litigios o
arbitrajes internacionales. Subrayó que organismos internacionales ya han
reconocido que Novonor ha cumplido con las sanciones impuestas por hechos del
pasado, por lo que el Perú no puede actuar como si esas rehabilitaciones no
existieran. Finalmente, reiteró que las decisiones del gobierno deben basarse
en el derecho, y no en presiones políticas ni prejuicios frente a la opinión pública.
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