El Ministerio Público, no siendo un poder del Estado, se
ha convertido en un suprapoder e instrumento político al servicio de oscuros
intereses y de la “costra caviar”. Durante el gobierno de Martin
Vizcarra fue evidente que la llamada “coalición vizcarrista” necesitaba
controlar este organismo autónomo.
El exfiscal de la Nación Pedro Chavarri fue denostado por
los medios de comunicación receptores de las generosas transferencias del
erario nacional bajo el concepto de publicidad estatal. Los grupos El
Comercio, La República y RPP, en especial, dedicaron decenas y hasta
centenares de portadas y titulares a denigrar de forma sistemática al fiscal
Chavarri.
Por su parte, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato,
Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, asumieron un protagonismo
mediático y político, desconociendo jerarquías y firmando el Acuerdo de
Colaboración Eficaz con Odebrecht de forma subrepticia.
Mas auun, cuando el Fiscal de la Nación Pedro
Chavarri, decidió remover a ambos fiscales a finales del 2018, el propio
Martin Vizcarra retorno de Brasilia (donde había acudido a la asunción de
gobierno del presidente Bolsonaro) para asumir la defensa política de los
fiscales removidos.
Gustavo Gorriti, a la par, se
convirtió virtualmente en el operador político de Odebrecht. No olvidemos que
desde 2018, en especial, se han ido sucediendo una serie de acontecimientos que
tienen en común haber “protegido” abierta o sutilmente los intereses de
la empresa Odebrecht, y al mismo tempo haber impulsado acciones de
investigación fiscal con un claro direccionamiento político.
Hoy el país Ha comprobado como la fiscal de la Nación en
ejercicio, Delia Espinoza, no acato el mandato de la Junta Nacional de
Justicia, llegando a afirmar que se pretendía instrumentar un “golpe de
Estado” y que con el retorno de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación
se consumaría una acción delictiva de usurpación.
El abierto desacato en el que ha incurrido Delia
Espinoza no responde a una decisión personalísima. En mi concepto, la
fiscal de la Nación sigue presuntamente instrucciones dictadas por el Instituto
de Defensa Legal y su director ejecutivo, Gustavo Gorriti. Ni Delia Espinoza ni
los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos tienen liderazgo ni solvencia
profesional o política para actuar con independencia.
El Ministerio Público se ha convertido en un instrumento
político, direccionado por Gustavo Gorriti, censor de la vida nacional.
Este protagonismo se puso de manifiesto cuando, desde mediados de 2018, se
fueron selectivamente divulgando audios que delataban el supuesto accionar
delictivo de los “cuellos blancos del puerto”. En ese contexto, Martín
Vizcarra se propuso ser el adalid de la lucha anticorrupción en el país.
Se creo la Junta Nacional de Justicia, se promovió un
referéndum a finales de ese año y, a la par, se designó una Comisión de Alto
Nivel presidida por Fernando Tuesta Soldevilla para impulsar la llamada “reforma
política”.
En ese entonces las detenciones sucesivas de Keiko
Fujimori y la posterior muerte del presidente Alan García en abril de 2019
marcaron la vida política nacional.
Martin Vizcarra tuvo siempre temor de que Pedro Chavarri
impulsara la investigación fiscal sobre “Chinchero”, por ello se
tramaron psicosociales con el apoyo de los grandes medios de comunicación
receptores de la ayuda estatal. El fiscal Chavarri fue destruido
mediáticamente, asumiendo el cargo la fiscal Zoraida Avalos, quien fue siempre
funcional a los intereses de Martin Vizcarra. Impidió la elección de nuevos
magistrados.
El golpista del 30 de septiembre se sintió empoderado por
el trato generoso de los grandes medios de comunicación. Sin pudor se reunía en
su domicilio con fiscales en ejercicio y defendía la continuidad de los
magistrados del Tribunal Constitucional. Por ello no dudo en impedir que el
Congreso, conforme a sus atribuciones, renovará parcialmente el TC. El golpe de
Estado del 30 de septiembre impidió la elección de nuevos magistrados. Con el
apoyo de cuatro integrantes del Tribunal, logró unos meses después convalidar
el cierre inconstitucional del Congreso.
Nunca olvidemos que Nuevo Perú, el Frente Amplio y los
sectores extremistas del Congreso respaldaron el golpe de Estado.
Martin Vizcarra se sentía muy seguro; sin embargo,
fue vacado el 9 de noviembre de 2020 con el voto de cien congresistas intento
ser repuesto como presidente alentando movilizaciones juveniles violentas
respaldadas por los grandes medios de comunicación, grupos empresariales y
militantes de la “costra caviar”.
Hoy resulta incomprensible como se viene alargando
innecesariamente el juicio oral de Martin Vizcarra, que debió concluir
hace varias semanas con la lectura de la sentencia condenatoria del
expresidente. La inacción del Poder Judicial es manifiesta. Mas auun, la
solicitud de detención preventiva por seis meses, hace pocas horas, ha sido
rechazada por el juez Alcocer. Martin Vizcarra seguirá en campaña y mantendrá
su animo de postular a la presidencia de la Republica.
Por su parte Gustavo Gorriti se siente intocable; no
acude a las citaciones del Ministerio Público, invocando razones de salud, y a
la vez se niega a entregar su celular.
El Ministerio Público ha sido tomado por la “costra
caviar”. La publicación del Acuerdo de Colaboración Eficaz puso al
descubierto las enormes concesiones otorgadas a la constructora brasileña
Odebrecht.
No dudo que la próxima campaña electoral estará marcada
por la “trama de Odebrecht” y por la participación de diversos
partidos políticos financiados por la minería ilegal”.
El mandato de la Junta Nacional de Justicia debe ser
cumplido a cabalidad. La ofensiva legal de la fiscal Delia Espinoza ha logrado
la suspensión de la fiscal Patricia Benavides, siendo evidente el sesgo
político de la decisión judicial.
Si la crisis institucional en el Ministerio Publico se agudiza, corresponderá al Congreso de la Republica en funciones impulsar la reforma de una institución mellada, politizada, y desprestigiada.
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